Las startups españolas de legaltech están apostando fuerte por la IA, con crecimientos del 35% y millones en inversiones. Pero mientras Bigle Legal y Signaturit celebran sus éxitos, la OCDE revela que el 45% de aplicaciones de IA legal presentan sesgos preocupantes. Mi análisis revela una paradoja fascinante: estamos construyendo herramientas que prometen eficiencia revolucionaria pero que podrían perpetuar desigualdades sistémicas. Entre el boom de los 4.500 millones del mercado europeo y las sanciones de la AEPD por violaciones al GDPR, el sector enfrenta una encrucijada crucial. La pregunta no es si la IA transformará el derecho, sino si lo hará responsablemente.